La Asamblea Nacional de CUT-BAI decidió este pasado 12 de enero en Osuna concretar la posición de rechazo que hemos venido manteniendo desde hace un año al proyecto de Estatuto. Tras un amplio debate, se decidió pasar a votación el Informe Político que optaba por el NO y tuvo un apoyo del 90%, frente a un 10% de compañeros y compañeras que se abstuvieron.

Nuestro voto negativo es un NO a las bases yanquis en Andalucía, es un NO al latifundio que coarta nuestro desarrollo, es un NO a la precariedad laboral y a la especulación que impide el acceso de nuestra juventud a una vivienda digna y un empleo decente, es un NO al modelo neoliberal imperante en la Política Agraria Comunitaria que impide cualquier reforma agraria de verdad y que regala subvenciones a la nobleza terrateniente, es un NO a las Diputaciones que se quedan con el dinero de los Ayuntamientos, es un NO a los transgénicos y a la energía nuclear, es un NO a la dependencia económica y a la subordinación política de Andalucía que este Estatuto no sólo no soluciona sino profundiza. Por tanto, nuestro NO es un NO de izquierdas, soberanista y anticapitalista.

Reproducimos a continuación extractos del Informe Político con la argumentación en contra de este proyecto:

“1) Deuda Histórica:

Sorprende muchísimo que la renuncia a la deuda histórica se presente como un triunfo, cuando en realidad, se traiciona el espíritu con el que se definió el concepto de deuda histórica en el Estatuto de Carmona, entendido como las asignaciones complementarias que tenía que recibir del Estado central Andalucía mientras los niveles de renta, infraestructuras y desarrollo en Andalucía no fueran los mismos que los del resto de territorios y naciones del Estado.

Lo pactado es un pago único -por tanto una limosna- no cuantificado y, además, definitivo, lo que supone una renuncia inaceptable.

2) Reforma Agraria:

Es verdad que se cita es para anunciar su muerte al situarla dentro de la Política Agraria Comunitaria (PAC) cuya política agraria es descaradamente capitalista y que en estos momentos se dirige a una nueva concentración de la propiedad de la tierra, el agua, la semilla, así como de la comercialización de los productos agrarios.

Y los hechos ponen aún más clara las intenciones cuando el PSOE prepara un Decreto por el que se va a permitir la convivencia de las semillas transgénicas, lo que será una legalización sin límites ni control de ninguna clase.

El IARA está siendo finiquitado por la Junta de Andalucía así como se está preparando una ley de punto final en la que se renuncia a nuevos asentamientos de jornaleros.

Estamos delante de una reconversión de la agricultura que el Estatuto no ha tenido inconveniente en sancionar y bendecir.

Por supuesto, que para nada figura en el Estatuto el concepto Soberanía Alimentaria que hoy es imprescindible para salvar el medio rural y que Andalucía pueda determinar su propia política agraria y agroindustrial.

Ni tampoco aparece por ninguna parte la filosofía que hoy defiende el movimiento campesino internacional de que “la tierra, el agua y la semilla sea un derecho de los pueblos y no una mercancía ni un negocio donde unos pocos se hagan ricos”

3) Identidad nacional de Andalucía

Ninguna organización nacionalista o de izquierdas puede pasar por alto la definición de Andalucía como nación.

Incluso el modestísimo intento de definir Andalucía como “realidad nacional” se ha visto frustrado por un batiburrillo de palabras que no vienen a decir absolutamente nada.

No es una cosa baladí la definición de Andalucía como nación, sino que un principio básico para que más temprano que tarde se reconozca el derecho de Soberanía de nuestro pueblo.

Además es aceptar en la práctica un trato discriminatorio y el no reconocimiento de una realidad perfectamente acrisolada en nuestro pasado histórico desde Tartesos, pasando por la Bética y Al-Andalus, hasta llegar al 4 de diciembre del ‘77 donde el pueblo andaluz ejerció, más fuerte que ningún otro pueblo del Estado, su derecho a la Soberanía.

Pero además, Andalucía necesita ejercer como nación en estos momentos, donde la globalización imperialista le roba su Soberanía y su capacidad real de decidir en su propio modelo de desarrollo.

El ejercicio del internacionalismo necesita más que nunca de territorios concretos desde donde poder enfrentarse a un enemigo común.

La única forma de recuperar el poder político que el mercado se está llevando al ámbito de lo económico es rompiendo los planes que el neoliberalismo y sus multinacionales tienen y un poder único y no votado por nadie que en estos momentos se está construyendo.

Recuperar poder político para los pueblos es recuperar poder sobre el propio territorio, para desde ahí ejercer una solidaridad radical entre las distintas naciones donde la diversidad y el derecho puede ejercerse realmente desde cada pueblo.

4) Bases militares

Andalucía lleva desde el franquismo con bases militares norteamericanas en su territorio desde hace siglos con Gibraltar, y que ninguna, en ningún caso, prestan servicio a los andaluces.

A estas alturas del siglo y después de 29 años de la Constitución del ‘78 resulta increíble que nadie se haya cuestionado seriamente desde la Izquierda la presencia de estas bases militares extranjeras al servicio del imperialismo militar y económico.

No puede hacerse un nuevo Estatuto que no dé al Parlamento Andaluz la posibilidad de decidir mediante referéndum democrático de su pueblo si quiere o no quiere estas bases de agresión en su territorio.

No valen los achaques para mantener esta hipoteca gratuita al Imperialismo internacional, que nos convierta en territorio de agresión y cómplices de las guerras preventivas ya desarrolladas y las que se puedan desarrollar.

Decir que esta competencia solo pertenece al Estado Central como si fuera un dogma inamovible, demuestra hasta qué punto la Izquierda no está a la altura de presentarse como alternativa subvertidora de este desorden establecido.

No podemos decirle que sí a un Estatuto que no cuestiona para nada esta vergüenza y esta afrenta a la Paz que la necesaria soberanía territorial que como nación ha de ejercer Andalucía.

Andalucía no puede ser cómplice necesario y sumiso del militarismo norteamericano si quiere ejercer en política exterior como territorio de encuentro, de paz y de solidaridad entre los pueblos y los continentes.

5) Modelo territorial

Otra viejísima reivindicación de la Izquierda es el de un nuevo modelo territorial en Andalucía que apueste por la comarca y un municipalismo activo y solidario.

Las Diputaciones que debería desaparecer quedan intactas en el nuevo Estatuto, así como todos los organismos provinciales, refugio de políticos fracasados, y no resuelve para nada el drama de la financiación de los ayuntamientos en franca ruina y carente de poder político.

Nunca, desde la Izquierda y la necesaria vertebración de la sociedad andaluza, es aceptable un modelo territorial obsoleto que solo favorece a la burocracia y a los grandes partidos que no tienen ningún interés en acercar y organizar el poder con la participación cercana y real del pueblo.

6) Modelo económico

Hay un solo modelo económico, de desarrollo, que atraviesa el nuevo Estatuto de parte a parte y que no es otro que el Neoliberalismo capitalista.

No se apuesta por una economía solidaria, por la empresa pública, por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria , por el suelo urbanizable como derecho y patrimonio de los pueblos y hay denuncia expresa a la energía nuclear, ni se toma en serio la posibilidad de nacionalizar sectores estratégicos como la banca, si es necesario, para el bienestar de Andalucía.

Andalucía no tendrá políticas propias en el orden económico y acepta el papel de la obediencia a las directrices que marca el FMI, la Banca Mundial y la OMC.

7) Ni ética ni estética

No se reconoce el derecho a una Renta Básica universal por la que todos los andaluces y andaluzas, por el hecho de serlo, tengan asegurada una vivienda y una ayuda económica suficiente para ejercer como ser humano en todas sus dimensiones.

No se aborda el tema de la vivienda. Es impresentable que no se reclame una nueva ley del suelo desde la filosofía de que el suelo para edificar no es una mercancía con la que se especula, sino un derecho de los pueblos y las personas a disponer de una vivienda digna y en condiciones económicas aceptables. No se plantea que todo el suelo urbanizable sea público ni tan siquiera la creación de cooperativas de viviendas o de empresas públicas que hagan que ese derecho básico elemental, reconocido por la declaración de los derechos humanos, sea real y al alcance de todos.

No plantea a Andalucía como nación libre de residuos nucleares, ni la desaparición del cementerio nuclear de Hornachuelos.

No declara a Andalucía zona libre de transgénicos como, incluso, se han atrevido ya a hacer algunos territorios del Estado.

No se propone el nuevo Estatuto el control del espacio radio eléctrico, esencial para el futuro de la comunicación, la cultura y el rompimiento del discurso único.

En las competencias exclusivas dejamos que intervenga con uno u otro achaque el Estado Central.

Y por último, ni siquiera se separan las elecciones autonómicas de las generales, con lo que se desprecia, de nuevo, el debate andaluz y se pone en manos del presidente de la Junta el uso de Andalucía como un muñeco político."