Este 25 de Noviembre es
el primero en el que nos manifestamos
contra la violencia machista hacia las
mujeres con una ley integral en vigor
El PSOE anunció a bombo y platillo que su Ley
Integral contra la violencia de género
sería una verdadera solución para este
gravísimo problema social. Un año
después podemos afirmar es que el
número de mujeres asesinadas por
violencia machista no ha descendido
significativamente respecto a años
anteriores. En el Estado español desde
enero ya son 71 las mujeres
asesinadas a manos de sus
agresores -datos de la Red Feminista.
La propuesta de una Ley que abordara la cuestión
de forma global -como la problemática
requiere- era una reivindicación
histórica de las organizaciones
feministas por lo que su tramitación
levantó expectativas en muchas
mujeres. Pero tanto el resultado final
como las prisas para su tramitación
evidenciaron que el interés del
gobierno se centraba en la aprobación
de una ley de cara a la opinión
pública y terminó frustrando esas
expectativas.
La ley se centra en la violencia en la pareja sin contemplar otras
formas de violencia contra las
mujeres: violaciones, prostitución,
acosos sexual y laboral, mayor índice
de analfabetismo en las mujeres, y
tantas otras.
Como medidas contra esa violencia, el gobierno
apuesta una vez más por el
endurecimiento de las penas sin
contemplar suficientemente otras
medidas, como pueden ser las
preventivas ( culturales, educativas),
las sanitarias, las legales, o las
asistenciales.
Las escasas medidas sociales que plantea la ley,
no van acompañadas del presupuesto
económico adecuado para llevarlas
a cabo por lo que en la práctica son
sólo papel mojado.
Los malos tratos afectan a todas las
clases sociales, pero el hecho de
soportarlos durante años, de tardar
una media de entre siete y diez años
en denunciarlos, de morir a manos del
maltratador tiene -y mucho- que ver
con la falta de independencia
económica: de trabajo, la precariedad
laboral, la dificultad de acceso a la
vivienda o de recursos para hacerse
cargo de ésta... Todos estos son
motivos fundamentales, que atan a las
mujeres de la clase trabajadora al
infierno del maltrato.
Abordar una verdadera lucha contra el maltrato
equivale a exigir un plan de
medidas sociales, más recursos
para la prevención y un aumento
significativo de la dotación
presupuestaria que permita su urgente
aplicación.
Las Mujeres del CUT-BAI pensamos que este 25 de
noviembre se debe convertir en una
jornada de lucha, de denuncia y de
movilización para exigir entre otras
medidas:
Reforma de la Ley de Divorcio;
Medidas de inserción laboral como cuotas de puestos de
trabajo destinada a mujeres
maltratadas; adaptación de las
jornadas laborales a las escolares;
cuotas en las Bolsas de Empleo Público
y planes especiales de
Formación Profesional Ocupacional;
Medidas de acceso a la vivienda,
como la fijación de las cuotas
hipotecarias en función de las
condiciones económicas de la mujer;
Medidas de ayuda al mantenimiento
de las hijas e hijos, como
gratuidad en las guarderías,
becas para comedor y material
escolar y servicios municipales de
atención domiciliaria; Suficientes
casas de acogida inmediata a cuanta
mujer maltratada lo solicite, con
la finalidad de facilitar a las
mujeres rehacer su vida;
Campañas de sensibilización y
concienciación pública para
combatir la mentalidad social
imperante de ver las agresiones como
algo privado a solucionar en el
entorno familiar. Mentalidad presente
en buena parte de la policía y la
judicatura responsable de tantas
sentencias machistas. Esta medida
contemplaría la exigencia a los medios
de comunicación de un tratamiento
íntegro del problema, cuidando los
contenidos y la información, en
colaboración directa con las
asociaciones de mujeres, mediante un
código ético. Medidas especiales
para la mujer rural: En las zonas
rurales los malos tratos son más
silenciados y se denuncian menos. La
Federación de Mujeres del Ámbito Rural
afirma que “La jornada diaria de
las mujeres rurales es un 25% más
larga que la de los hombres”.”La falta
de infraestructuras recae antes y más
en las mujeres”.
En Andalucía,
según el Instituto de la Mujer,
alcanzamos desde el año 2001 al 2004
el mayor número de feminicidios en el
ámbito de la pareja de todo el Estado
español.
Por eso, este 25 de noviembre también nos movilizamos para
reclamarle al PSOE su responsabilidad
en cuanto a los malos tratos en
nuestra nación y exigirle que después
de 25 años de gobierno, adopte medidas
en el ámbito de las competencias
transferidas a Andalucía, al mismo
tiempo que reivindicamos mayor
soberanía y poder de decisión.
Una vez más nos dirán que no hay recursos
económicos para afrontar planes de
este tipo. Mientras, cada año aumentan
los gastos militares y se recortan los
sociales.
Sin embargo, lo que falta es una
distribución justa de las riquezas y
un mayor control por parte de la clase
trabajadora de esa riqueza para dotar
de recursos económicos a esos Planes
de Medidas Sociales.
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La violencia contra las mujeres, es
una de las violaciones de los derechos
humanos más extendida, habitual y
silenciada.
Es principalmente la
mujer quien sufre la constante
agresión de una concepción masculina
que arrastra una larga lacra
histórica, social y cultural
marcadamente machista; una concepción
de la relación de pareja de absoluta
desigualdad, la mujer sigue siendo
considerada un sujeto de segunda
categoría sometida a la voluntad y
caprichos de una estructura social
machista.
La violencia de género
tiene mucho que ver con un problema de
poder, como motor y fuente permanente
de la agresión, puesto que en la
relación de pareja y en el seno de las
familias se encarnan las relaciones de
poder de una sociedad patriarcal y
sexista que cuenta con todo un
aparataje institucional. Hablo de
leyes hechas por hombre para mantener
su denominación de género, de la
policía como guardiana de ese orden
patriarcal, de las instituciones
estatales, insensibles al dolor y las
necesidades de las mujeres
maltratadas, de la educación que acuña
hombres agresores y mujeres
desempoderadas, de las iglesias con
sus discursos de perdón y también de
la estructura política formal que
excluye a las mujeres de las
decisiones y controles....
Es necesario que las
mujeres nos desprendamos de nuestro
“burka” con el que ocultamos nuestra
degradación personal, para ello,
debemos engrasar esas herramientas en
los talleres de la educación, del
mercado laboral, de la economía y
principalmente en unas leyes que se
encuentran obsoletas y responden a un
modelo social que margina la
autoestima de la mujer.
Desde el área de la
mujer de la CUT denunciamos:
- La
falta de voluntad política del
gobierno español para actuar con
debida diligencia ante la violencia de
género.
- La
impunidad manifiesta que rodea los
actos de violencia contra las mujeres.
- La
existencia de normas y prácticas que
colocan a las mujeres inmigrantes en
situaciones de grave desprotección.
Proponemos:
- Promover
la acción del gobierno sobre la
violencia contra las mujeres, desde la
perspectiva de los derechos humanos de
las mujeres y como una cuestión de
justicia social.
Que se introduzca en la formación de
jueces, policías, abogados y agentes
sociales, la materia de la violencia
que las mujeres soportan en el ámbito
familiar, social y laboral.
- Introducir
en el sistema educativo materias
relativas al Principio de la Igualdad,
a las relaciones de cooperación entre
los sexos y el reproche y la censura
hacia las actitudes y comportamientos
que generen violencia de género.
- Que
se elabore un protocolo policial y
sanitario que sirva de referente al
los profesionales de estas ramas, a la
hora de abordar la problemática de la
violencia de género.
Y a la sociedad le
reclamamos la capacidad de respuesta
que, manifiesta cuando se produce un
acto de terrorismo político y
suficiente sensibilidad y colaboración
para que, con su denuncia, se eviten
más agresiones y muertes.
Debemos acabar con este
silencio y olvidarnos de que se trata
de un problema privado y no público.
Es un problema con entidad política,
fruto de una ideología sexista, que
vulnera los derechos fundamentales y
humanos obviando su condición de
persona limitando su libertad y
autonomía hasta el extremo de disponer
de su vida.
