Con el lema «Por un estatuto de primera; Andalucía, nación solidaria» el 4 de diciembre, día nacional de Andalucía, miles de andaluces y andaluzas nos manifestaremos por las calles de Sevilla. La manifestación partirá de la Plaza de la Encarnación a las 12 de la mañana y terminará en el Patio de Banderas del Alcázar donde se leerá el manifiesto y habrá varias actuaciones musicales

La CUT ha sido el motor de esta manifestación desde su inicio. Ya en el mes de junio propusimos en el Bloque Andaluz de Izquierdas que la reforma estatutaria debía ser la campaña central.

La razón no es difícil de entender. Hasta dentro de 30 ó 40 años no vamos a tener otra reforma del estatuto de autonomía de Andalucía. O aprovechamos ahora la ocasión o después será tarde. Además, el PSOE y el PP están cocinando un nuevo estatuto que no sólo se va a quedar muy lejos de las necesidades del pueblo trabajador andaluz, sino que también va a suponer un retroceso respecto al anterior. Referencias a la reforma agraria, al pleno empleo o a la deuda histórica que existían en el Estatuto de Carmona pueden desaparecer en el nuevo.

Al contrario que las propuestas de estatuto elaboradas en Catalunya y el País Vasco que abren un proceso federalizante, Chaves no sólo no está a la altura sino que cumple un papel de retaguardia en la futura configuración del estado.

Desde un principio la CUT consciente de la desmovilización existente y la lejanía del tema para la inmensa mayoría de andaluces y andaluzas creyó oportuno ir vinculando la reforma del estatuto con temas sensibles para los ciudadanos como las bases, la precariedad o la vivienda. Por este motivo se convocó la Marcha a Morón el pasado 9 de octubre donde específicamente se reivindicaba la soberanía del pueblo andaluz para decidir el futuro de las bases que están en nuestra tierra.

El punto álgido de esa campaña indudablemente era el 4 de diciembre que no sólo era una importante fecha simbólica -día nacional de Andalucía-, sino que este año caía en domingo y entraba dentro de los plazos de tramitación del estatuto. Desde el principio entendimos que ese día debía haber una gran manifestación, lo que hacía indispensable una convocatoria amplia que garantizara la participación de fuerzas como el PA, el PSA o IU que, además, ya defendían la definición de Andalucía como nación. Con esta composición sólo se podían plantear dos grandes ejes políticos: Andalucía nación y máximo techo competencial.

La iniciativa política del Alcalde de Carmona, Sebastián Martín Recio, impulsor de la Plataforma "Andalucía por Sí", posibilitó esa convergencia. En la Plataforma confluían gente de la Universidad (Isidoro Moreno, Lina Gavira, Delgado Cabeza, Acosta,...), de los movimientos sociales (Ecologistas en Acción, APDHA, Sevilla Acoge,...) y cargos públicos y dirigentes de IU, PSA y PA. En la reunión del 17 de octubre esta amplia Plataforma accedió a realizar una propuesta abierta a los partidos, sindicatos, movimientos sociales, etc para que el 4 de diciembre hubiera una manifestación en la capital andaluza reivindicando la identidad nacional de Andalucía.

El Bloque Andaluz de Izquierdas y la CUT reivindicamos un nuevo Estatuto de Autonomía que reconozca a Andalucía como nación y por tanto, su soberanía para decidir libre y democráticamente su futuro. Esto implica un rechazo frontal al modelo de estado actual consagrado por la Constitución monárquica que fue impuesta por el postfranquismo con el consenso de la izquierda reformista.

Nuestra demanda es muy clara: el pueblo andaluz debe disponer de un PODER ANDALUZ SOBERANO. En un mundo donde la globalización y el imperialismo da un enorme poder a las multinacionales y al mercado frente a los estados, frente a las naciones, frente a los pueblos… Andalucía se queda sin capacidad real de decidir.

Y en el Estado se va a construir un modelo de Estado asimétrico contrario a los intereses de Andalucía, donde las naciones ricas serán más ricas y las pobres aún más pobres.

Un estatuto que afronte los problemas de Andalucía debería contener, al menos, en nuestra opinión:

1.- El reconocimiento de Andalucía como nación y, por tanto, el Estatuto debe garantizar el derecho irrenunciable del pueblo andaluz a decidir libre y democráticamente su destino.

2.- El Parlamento de Andalucía debe tener competencias suficientes para optar por una economía solidaria que apueste por la empresa pública, posibilite el acceso de los trabajadores a los medios de producción, reparta la riqueza y camine al pleno empleo.

3. Necesitamos un Banco Público Andaluz que invierta en las necesidades sociales -donde no llega la iniciativa privada- y que tengamos poder suficiente para nacionalizar la banca.

4.- La Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria es una demanda irrenunciable para Andalucía. Esto significa capacidad para decidir la propia política agraria y agroindustrial.

5.- Declaración de Andalucía como Territorio de Paz y desmantelamiento de las bases militares de Morón, Rota y Gibraltar.

6.- La vivienda no es una mercancía, sino un derecho irrenunciable para las personas. El Parlamento tendrá competencia suficiente para promulgar una Ley del Suelo que convierta en público todo el suelo urbanizable y así disponer de viviendas dignas y baratas.

7.- El reconocimiento del derecho a una Renta Básica. Esto significa que todo andaluz y toda andaluza, por el hecho de serlo, por el simple hecho de ser persona tiene derecho a un ingreso social que le garantice el bienestar material y le permita vivir con dignidad.

8.- Un modelo territorial que apueste por el municipalismo solidario. Es decir, más competencias y recursos financieros para los Ayuntamientos.

9.- Una educación y un sistema de salud verdaderamente públicos, universales y gratuitos. Ni el saber ni la salud pueden ser un negocio privado.

10.- Un sistema que garantice la autonomía financiera y permita desarrollar todas las competencias contenidas en el Estatuto. Apostamos, por tanto, por un Concierto Económico y por la creación de un Fondo de Compensación que atienda al principio solidario de la discriminación positiva con los más pobres.

Así entendemos desde la CUT lo que significa un estatuto de primera para nuestra nación. No nos anima ningún criterio comparativo o de agravio con otras propuestas estatutarias, sino el impulso político de partir de las necesidades de nuestro pueblo y de los intereses de la clase trabajadora.

¡VIVA ANDALUCÍA LIBRE, SOBERANA Y SOCIALISTA!
 

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Este 4 de diciembre

ANTÓN TORRES

Un breve repaso por el presente más cercano y la actualidad de la lucha por Andalucía

El 22 de noviembre de 1975, hace 30 años, el actual Rey de España, Juan Carlos I pronunció las siguientes palabras: “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes Fundamentales del Reino y guardar y hacer guardar lealtad a los Principios Fundamentales del Movimiento”, tras lo cual fue coronado Rey, sucediendo en la Jefatura del Estado al genocida dictador Franco, que había muerto dos días antes. En las celebraciones que han tenido lugar conmemorando los 30 años de reinado de Juan Carlos, PSOE y PP han coincidido, dejando al margen sus habituales enfrentamientos, en destacar la figura del monarca. El mensaje ha sido claro: “gracias a Juan Carlos I hay democracia en España”. Los grandes medios de comunicación han coincidido en difundir ese mensaje, no ha habido nada que criticar, ningún pero que poner a este mensaje, es más, hasta los partidos con representación parlamentaria no monárquicos (que son la mayoría) han guardado silencio. La figura de Juan Carlos es inviolable constitucionalmente hablando, y mítica y divina gracias a los grandes medios de comunicación.

Empezaba así, hace 30 años, con las palabras de lealtad de Juan Carlos a los principios del régimen franquista, una operación al más alto nivel para realizar toda una serie de cambios, tutelados por los Estados Unidos y en el contexto de la denominada “Guerra Fría”, para la incorporación del Estado español a las “democracias occidentales capitalistas”. A esta operación se le ha llamado “Transición”.

Esta operación no era fácil: el poder de la gran oligarquía española, aliada de los Estados Unidos o de los estados imperialistas europeos, debía quedar asegurado, frente a la real amenaza que suponían la creciente conflictividad obrera y popular y las reivindicaciones nacionales de los pueblos que componen el Estado español. Por eso, se hacía necesario que la oligarquía española cediese parcelas de poder tanto a los grandes partidos de izquierdas (PSOE y PCE) como a los representantes políticos de las burguesías nacionales, principalmente vasca y catalana. Aislando así a la mayoría de organizaciones de izquierdas combativas y nacionalistas progresistas, con las sabidas excepciones de Euskal Herria, y en menor medida Catalunya y Galicia, que demandaban el ejercicio de derechos democráticos reales, como el derecho a la autodeterminación, o el cambio social revolucionario frente a un capitalismo en su fase imperialista decrépito y en crisis. A quienes no aceptaron la “democracia impuesta” de la oligarquía española les cayó la represión, los años siguientes a 1975 así lo demostraron: los asesinatos de obreros en Vitoria-Gasteiz, los sucesos de Montejurra, los asesinatos de Atocha, el atentado contra el líder independentista canario Antonio Cubillos, los asesinatos de los militantes del PCE (Marxista-Leninista) Javier Eizaguirre y Aurelio Fernández Cario, de la militante del PST Yolanda González, o de José Miguel Beñaran “Argala”, etc., más tarde, como todos sabemos llegarían los GAL; o en Andalucía, el asesinato de García Caparrós en Málaga, de Ignacio Montoya en Trebujena , o el “caso Almería”, entre otros, además de detenciones, cárcel, torturas, etc. Mientras el PCE, legalizado en la Semana Santa de 1977, podía presentarse a las primeras elecciones tras la muerte de Franco, el resto de partidos comunistas y revolucionarios tuvieron que hacerlo sin utilizar sus siglas, sorteando la ilegalidad en la que estaban sumidos. Igualmente, años antes, en 1975, la dirección del PCE, en un claro gesto de buena voluntad hacia la oligarquía, dio ordenes expresas a sus abogados para que no defendieran a los que iban a ser los últimos fusilados del franquismo: los miembros del FRAP Xosé Baena, José Luis Sánchez Bravo, y Ramón García Sanz, y de ETA (Político-Militar) Ángel Otaegi y Juan Paredes “Txiki”.

La Constitución de 1978, los Pactos de la Moncloa, los Estatutos de Autonomía, la LOAPA, y todo el cuerpo legal que iba dando forma al nuevo Estado postfranquista no fue más que fruto de los pactos de la oligarquía española con las burguesías nacionales vasca y catalana y el reformismo de izquierdas.

Andalucía, 4 de Diciembre de 1977

En un contexto de cambio, especialmente en la estructura del Estado como consecuencia de todo lo anterior, surgió, inesperadamente, la “cuestión andaluza”. Como escribía en un artículo de la desaparecida revista “Nación Andaluza” el antropólogo Isidoro Moreno: “El 4 de Diciembre de 1977 se desmoronó el mayor mito existente sobre Andalucía: que aquí no se daba conciencia, ni siquiera sentimiento de diferenciación y mucho menos voluntad de reivindicar instituciones propias de autogobierno”.

Los primeros en sacar a relucir la “cuestión andaluza” fue una organización socialdemócrata y nacionalista compuesta por cuadros políticos surgidos de la pequeña burguesía urbana andaluza, se trataba de ASA (Alianza Socialista de Andalucía), que más tarde dio lugar al Partido Socialista de Andalucía (PSA), hoy PA. Después se unieron el resto de organizaciones de izquierdas, especialmente el PTE.

La Andalucía de finales de los 70 y principios de los 80 presentaba una situación social y económica dramática, especialmente en el medio rural, donde la agricultura empleaba en 1975 al 30.4% de la población activa andaluza, y en el que el paro, el hambre, y la marginación golpearon duramente. La crisis económica afectó gravemente a Andalucía; la “válvula de escape” que para Andalucía, a partir de los años 50 del siglo pasado, supuso la emigración hacia otros territorios del Estado español y Europa, se cerró, y muchos de los que abandonaron Andalucía regresaron ante la falta de oportunidades y perspectivas en los lugares tradicionales de emigración andaluza que igualmente se vieron afectados por la crisis.

La bandera verdiblanca estaba en todas partes, fue casi una moda, mientras la rojigualda estaba mal vista y desprestigiada, era cosa de los “matones de la Falange”. La andaluza era la bandera de las asociaciones de vecinos, de los grupos de mujeres y de los primeros grupos ecologistas que surgieron en Andalucía, de los pescadores hostigados por patrulleras marroquíes o portuguesas, la bandera de los trabajadores ya fueran de Intelhorce (empresa textil malagueña), de Astilleros de Cádiz o Sevilla, o los mineros de Río Tinto de Huelva..., y por supuesto, la bandera del proletariado del campo andaluz, los jornaleros. El 1 de agosto de 1976 tenía lugar en Antequera la primera “Asamblea de Jornaleros de Andalucía” donde se decidió la creación del Sindicato de Obreros del Campo (SOC).

Andalucía se convirtió en un tema recurrente, de investigación económica, histórica, cultural, musical, lingüística, etc. La figura del “Padre de la Patria Andaluza”, Blas Infante, salía del olvido.

Por eso, frente a un modelo de Estado donde Andalucía corría el peligro de verse en situación de desigualdad política con otras naciones del Estado, el pueblo andaluz reaccionó y el 4 de Diciembre de 1977, recordando aquel 4 de Diciembre de 1868 cuando el pueblo de Cádiz se alzó en armas reivindicando la República Federal, salió a la calle en masa reivindicando autogobierno. También participaron más de 60000 andaluces residentes en Catalunya que llevaron a cabo actos reivindicativos en sus localidades de acogida. Pero ese día acabó en tragedia, el joven trabajador malagueño afiliado a las Comisiones Obreras José Manuel García Caparrós cayó abatido por las balas de la policía española, sus asesinos no han conocido ningún tipo de castigo.

El 4 de Diciembre de 1977 fue un claro acto de conciencia nacional, de afirmación que el régimen postfranquista debía reconducir y desactivar a cualquier precio. La reivindicación andaluza no estaba prevista en los planes de la oligarquía española. Un año más tarde, en 1978, se firma el “Pacto de Antequera” por el que los principales partidos andaluces se comprometían a que Andalucía tuviera el máximo techo competencial posible, pero eso sí, dentro de los límites de la Constitución monárquica, negando ya expresamente el reconocimiento nacional andaluz y el derecho a la autodeterminación. De nuevo, el 28 de febrero de 1980 tuvo lugar otro acto de afirmación y conciencia andaluza cuando el pueblo andaluz afirmó en referéndum que quería disponer de un Estatuto por la vía del artículo 151 de la Constitución, pero con la aprobación del llamado “Estatuto de Carmona” en octubre de 1981, donde la “mano militar” del 23-F se dejó sentir, las aspiraciones se vieron frustradas, y la lucha fue prácticamente desactivada.

Los pactos que funcionaron a nivel estatal con la presencia de la izquierda reformista del PSOE y PCE, más, en el caso andaluz, el PSA, también funcionaron, y a la perfección, en el País Andaluz. La “cuestión andaluza” quedó “atada y bien atada”, sobre todo gracias al PSOE y su gestión en la Junta de Andalucía. Andalucía debía seguir siendo lo que, a pesar de los cambios, hoy sigue siendo: una nación dependiente, saqueada por la oligarquía española y sus cómplices, especializada en el turismo de sol y playa y campos de golf, en el blanqueo de dinero y la especulación, el cultivo de invernadero de litoral donde trabajan cientos de inmigrantes en condiciones deplorables, un lugar donde instalar industrias contaminantes y bases militares (recordemos las bases norteamericanas de Rota y Morón), y con un hecho nacional-cultural despreciado y ridiculizado.

Sin embargo, es justo recordar a quienes en Andalucía siguieron resistiendo, de una manera o de otra, a las organizaciones políticas de izquierdas combativas y nacionalistas consecuentes. Muchas desaparecieron, como el PSUA, el FLA, Liberación Andaluza, el FAL, el PAU-PTA, el MCA, el sindicato SUAT, etc., pero otras nuevas fueron surgiendo y manteniendo la lucha por la liberación nacional y social de Andalucía, como el PCPA, Nación Andaluza, Asamblea Nacional de Andalucía, la organización juvenil independentista Jaleo!!!, etc. Especial mención merece en este sentido el SOC que contra viento y marea ha seguido levantado la bandera de la reivindicación y la lucha, y no solamente jornalera, también política; y el pueblo sevillano de Marinaleda, todo un ejemplo de dignidad y constancia.

Como epilogo valgan de nuevo las siguientes palabras de Isidoro Moreno: “Ahí era nada: Andalucía, a la que se había intentado utilizar como objeto arrojadizo en la lucha interpartidaria por alcanzar la hegemonía en el conjunto del Estado español, se estaba tornando sujeto de su propio destino ante la estupefacción, y la alarma, de los aprendices de brujo. Había que desactivar la fuerte carga potencial de nacionalismo popular andaluz que se había expresado desde el 4 de Diciembre del 77 al 28 de Febrero del 80”.

Andalucía, 4 de Diciembre de 2005

De nuevo, el Estado español se encuentra ante un posible proceso de reorganización territorial, apareciendo los representantes políticos de la oligarquía española (PSOE y PP) divididos ante la cuestión. El sector más conservador y más ligado el imperialismo norteamericano, representado por el PP, se niega a esa reorganización, e incluso, de buena gana hasta daría marcha atrás al proceso autonómico, por otro lado, el sector europeísta, ligado al PSOE, pretende una reedición de los pactos de la “Transición” con los diferentes representantes políticos de las burguesías nacionales, para hacer los cambios necesarios para que todo siga igual o casi igual. Tanto el “Plan Ibarretxe” como la propuesta de Estatut, al margen de las consideraciones de clase que se puedan hacer sobre ambas propuestas, han venido a propiciar el debate sobre el modelo de Estado, demostrando el carácter sumamente reaccionario del PP, el Ejército español, el garante armado de la “unidad de mercado”, y las grandes multinacionales españolas. No olvidemos que la derecha españolista ataca al Estatut no solo por afirmar que Catalunya es una nación, también por su intervensionismo económico, que según economistas próximos a la derecha españolista, podrían a Catalunya al mismo nivel que Cuba y Corea del Norte (según la revista “Época”, claro). E incluso consideraciones tan demenciales como las de la FAES, según las cuales el Estatut fomentaría la poligamia.

Pero Andalucía también está inmersa en un proceso de reforma estatuaria, planteándose diferentes debates como el de la financiación autonómica o el de la denominación de Andalucía como nación. Tras 24 años de Estatuto andaluz, Andalucía no tiene poder político, la oligarquía y el Estado español, las multinacionales y los Estados imperialistas, así como las continuas imposiciones neoliberales de la Unión Europea, se encargan de que así sea. El 90% de los productos que consumimos los andaluces son realizados fuera de Andalucía, pero es más, estamos importando el 53.4% de los productos agroalimentarios, la cuestión de la “soberanía alimentaria” tiene sentido en Andalucía. El supuesto “milagro andaluz” se debe en un 60% al sector terciario, mientras que la capacidad de generar empleo no ha sido en absoluto la esperada, la Junta sigue obsesionada con el déficit cero, y recortando ayudas sociales.

Andalucía es un inmenso campo de golf, con todo lo que eso significa: en el 2003 Andalucía concentró el 30.6% de las ventas de promociones vinculadas a campos de golf.

Pero las diferentes propuestas de reforma estatutaria de los partidos con representación en el Parlamento andaluz parecen no ir encaminadas hacia un modelo político, económico y cultural que rompa con esta dinámica. Posiblemente, uno de los artículos del actual Estatuto andaluz que hacía referencia a la reforma agraria sea eliminado, como si ya no hiciera falta, como si la concentración de la tierra en Andalucía en pocas manos fuera cosa del pasado. Mientras, poco se dice de dignificar nuestras señas identitarias, nuestra historia y cultura.

Solamente hay una propuesta estatutaria que rompe con los actuales modelos, se trata de la propuesta del Bloque Andaluz de Izquierdas (BAI), formado por el PCPA, la CUT, ERA, y la organización juvenil independentista Jaleo!!!. En esta propuesta no solamente Andalucía es reconocida como nación, sino que por eso mismo tiene derecho a decidir, a ejercer la autodeterminación, cuestión no reconocida expresa y claramente en el “Plan Ibarretxe” y no mencionada en la propuesta de Estatut catalán. Pero no solo eso, la propuesta del BAI tiene un claro sentido de clase y antiimperialista no encontradas en las diferentes propuestas estatutarias andaluzas, ni por supuesto, en el “Plan Ibarretxe” ni en el Estatut, que benefician claramente a determinadas elites económicas que sólo buscan un acomodo en España al amparo de la gran oligarquía española, y no a la clase obrera ni a las clases populares de las naciones vasca y catalana, ni a sus ansias legítimas de libertad nacional. Una propuesta estatuaria para Andalucía la del BAI que de ninguna de las maneras puede ser admitida por la oligarquía española, pero tampoco por gran parte del empresariado andaluz, ni siquiera por los sectores que puedan tener cierta conciencia andaluza.

Este domingo 4 de Diciembre de 2005, Día Nacional de Andalucía, hay convocada una gran manifestación en Sevilla en la que participarán los diferentes partidos con representación en el Parlamento andaluz, menos, lógicamente, el PSOE y el PP, es decir, IU y PA, más el PSA y el BAI, que no tienen representación, donde se pedirá el reconocimiento de Andalucía como nación. Todo lo dicho aquí anteriormente deberá ser tenido en cuenta por el Pueblo Andaluz, porque a estas alturas no nos podemos permitir más engaños ni estafas, como hace 30 o 20 años, por mucho que el domingo 4 de Diciembre en esa manifestación a algunos se les llene la boca con las palabras “Andalucía” y “nación”.