Diversos periódicos andaluces han publicado una encuesta realizada por la Universidad de Sevilla, dando como resultado que el 52,7% de los andaluces y andaluzas se muestran favorables al reconocimiento de Andalucía como "nacionalidad histórica", un 18,1% optan por la definición de "nación", mientras que un 21,2% opta por no contestar.

Las últimas encuestas realizadas por el Instituto de Estudios Sociológicos de Andalucía ponían de manifiesto que el sentimiento nacional andaluz había disminuido progresivamente desde el referéndum autonómico de 1980, situándose recientemente en un 4% de la población andaluza. Los nuevos datos, sin embargo, rompen esta tendencia histórica e implican un aumento espectacular y un resurgimiento de la conciencia nacional andaluza.
 La encuesta también proporciona datos sobre la reforma del estatuto. “El Estatuto de Andalucía ha de contener las mismas competencias que el Estatuto que más recoja”. A esta afirmación se suma el 63,3% de los encuestados por el Grupo Estio (Estadística e Investigación Operativa) de la Hispalense. Este porcentaje dice estar muy o algo de acuerdo con la idea, frente al 11,3% que asegura no estar nada de acuerdo con la misma y el 25% que no opina. Son los votantes de Izquierda Unida (IU) y del Partido Andalucista (PA) los que tienen más claro su apoyo a esta tesis, mientras que los que aseguran haber votado al PSOE y al PP en las últimas autonómicas de marzo de 2004 también la apoyan, pero con porcentajes más bajos.

Esta semana, la ponencia que negocia la reforma de la carta magna andaluza en el Parlamento autonómico va a abordar precisamente el capítulo de competencias, uno de los más conflictivos desde el punto de vista político, junto con el de la financiación.

¿Deben todas las comunidades tener los mismos derechos? La pregunta suscita la respuesta más unánime de todas las que tienen que ver con el debate territorial en la encuesta de la Hispalense: el 87,7% está muy o algo de acuerdo.

Al contrario pasa cuando se pregunta si Andalucía debe tener más competencias que cualquier otra: aquí algo más de la mitad de los encuestados (en concreto el 54,7%), tiene claro que no, frente a un 7,3% que está muy de acuerdo y un 12,2% algo de acuerdo. En el capítulo de los matices, la inmensa mayoría (84,1%) de los andaluces opina que en el debate territorial es “conveniente respetar las peculiaridades” de cada comunidad.

El sondeo realizado por la Universidad de Sevilla revela un dato que viene preocupando al Gobierno andaluz y a los miembros de la ponencia desde el inicio del debate: el elevado grado de desconocimiento o desinterés —¿o ambas cosas?— de los andaluces en lo que se refiere a la reforma del Estatuto de Autonomía y el debate territorial en general. El porcentaje de personas que a cada pregunta de los entrevistadores responde con un no sabe/no contesta es muy elevado, en la mayoría de los casos de entre el 20 y el 30%. Esta circunstancia se da de modo especialmente agudo en Almería, la provincia que históricamente se ha sentido emocionalmente más lejos de la idea de Andalucía. Aquí la apatía alcanza porcentajes superiores al 40% en la mayoría de las respuestas. De hecho, el referéndum que en 1980 aprobó el actual Estatuto de Autonomía estuvo a punto de frustrarse precisamente en Almería. El Gobierno de entonces exigía que en cada una de las provincias hubiera una mayoría absoluta de votos afirmativos —no sólo en el conjunto de Andalucía— y eso en la provincia almeriense no se logró.

La reforma del Estatuto andaluz, que un 53,4% de los encuestados cree algo o muy importante para la comunidad frente a un notable 18,5% que lo califica de “nada importante” —sobre todo votantes del PP—, debe hacerse “con la participación consensuada de al menos PSOE y PP”, los dos grandes partidos del arco parlamentario andaluz, que completan IU y PA. Así lo cree el 61,1% de los andaluces a tenor de los resultados del sondeo elaborado por la Hispalense.

Pero, ¿y si los populares se niegan a respaldar la reforma? ¿Hay que seguir sin ellos? Las respuestas aquí son menos unánimes, aunque la mayor parte de los encuestados (el 42,6% dice estar muy o algo de acuerdo) se inclina por seguir con el proceso de reforma “aunque el PP esté en contra”.

Sin embargo, hay también un elevado porcentaje de encuestados (el 27,4%) que se muestra en contra de adoptar esta determinación política y otro 30% que opta por no revelar su opinión. Sobre si la oposición de algún partido —sin especificar cuál— debería paralizar la reforma estatutaria, los encuestados opinan en un 42,6% que no, frente a un 26,6% que sí.

Hasta ahora, los socialistas no han logrado alcanzar grandes acuerdos con el primer partido de la oposición, que incluso ha decidido mantenerse al margen en uno de los apartados clave de la reforma —la financiación— y mantiene muchas reservas sobre el segundo asunto de calado: las competencias de la comunidad autónoma. Las votaciones que se realizan en la ponencia se resuelven con mayoría simple —al PSOE le bastan sus votos, aunque ha buscado apoyos—, pero cuando se produzca la votación final del texto la ley exige una mayoría de tres quintos, lo que obligará a los socialistas a pactar con, al menos, una de las fuerzas de la oposición. Hasta ahora la más cercana a sus tesis está siendo Izquierda Unida.