Fracaso
del Gobierno Zapatero: menos de un
tercio del censo apoya el tratado
Sólo el 32,19% del
censo electoral votó a favor del
tratado constitucional en el conjunto
del Estado. En Andalucía, el
porcentaje de apoyo fue ligeramente
superior, el 33,6% del censo. En ambos
casos la tendencia es la misma: una
altísima abstención, la mayor desde
el fin de la dictadura (57,7% en el
Estado y 59,3% en Andalucía), un
significativo y sorprendente voto en
blanco (6% en el Estado y 5,1% en
Andalucía) y un digno resultado del
No (17,2% en el Estado, con picos del
33,6 en la CAV y 28% en Catalunya). El
NO alcanza en Andalucía el 11,6%, que
en el caso de Sevilla y Cádiz se
eleva al 12,6% y al 12,4%
respectivamente.
A
pesar del monopolio abusivo de los
medios de comunicación, de la ingente
financiación pública, de la
tendenciosa campaña institucional, de
la represión sufrida por la campaña
del No, del apoyo de conocidos
artistas y profesionales, del consenso
de toda la derecha (incluida la
nacionalista) y la sumisión de las
direcciones de UGT y CC.OO. el
Gobierno no ha conseguido movilizar a
la mayoría de la población en
este plebiscito.
Ha
sido un revés para el Gobierno.
Zapatero tenía dos objetivos en este
referéndum: impulsar decididamente el
Sí cara a las próximas consultas
europeas, mirando especialmente a la
francesa -que se celebrará antes de
que concluya el verano- y ampliar su
base social y electoral. Ninguno de
los dos ha sido conseguido de manera
satisfactoria.
Los
resultados reiteran, una vez más, el divorcio
existente entre un proceso de
integración europea realizado por
arriba y en beneficio de una minoría
y los ciudadanos y pueblos de Europa.
La
ratificación del tratado no tiene
legitimidad puesto que no consigue
el apoyo de la mayoría de la población,
de la mitad más uno. No tiene
legitimidad porque no han existido
garantías democráticas y condiciones
justas y equitativas entre las
distintas opciones (financiación,
acceso a los medios, información y
transparencia,...). No tiene
legitimidad porque los escasos cauces
de expresión del NO han sido
amordazados y bloqueados.
A
pesar de las declaraciones
triunfalistas, el Gobierno no sale
fortalecido de este plebiscito. Ha
tenido todo a favor, incluyendo la
crisis de la izquierda, que pasa por
uno de sus peores momentos en muchos años,
y sin embargo, no ha logrado alcanzar
sus objetivos.
-
Marinaleda, único municipio andaluz
donde gana el NO
El
NO se ha impuesto de forma consistente
en Marinaleda, localidad de la Sierra
Sur sevillana, con fuerte presencia
del SOC y cuyo Alcalde, Juan Manuel Sánchez
Gordillo, es portavoz nacional del
CUT-BAI.
El
alto porcentaje de ‘noes’ (71,01%)
coloca a este municipio entre los
cinco primeros del Estado español
-con censo superior a 1.000 electores-
en el ranking estatal del NO.
Otros
municipios donde la presencia política
del CUT-BAI y/o la sindical del SOC se
ha notado ha sido El Coronil (32% de
‘noes’) en Sevilla o Alcalá del
Valle (33,6% de ‘noes’) en Cádiz.
Ambos municipios se encuentran entre
los cinco primeros de Andalucía en el
ranking del NO.
Las
y los militantes del CUT-BAI han
pegado miles de carteles, repartido
decenas de miles de hojillas
informativas y realizando decenas de
actos públicos a lo largo de toda
Andalucía. Al mismo tiempo hemos
participado activamente en la campaña
de IU y en la unitaria de los foros
sociales y plataformas por el NO.
-
Izquierda Unida, tarde y mal
Lo
que podía haber sido una campaña política
de gran alcance para salir de la
crisis y reflotar el barco de IU
-torpedeado por su propia dirección
al respaldar los presupuestos
neoliberales del Gobierno ZP y votar
en contra de la tramitación del
llamado Plan Ibarretxe-, sólo va a
generar mayor crispación interna y
desaliento militante.
IU
llegó a la campaña por el NO tarde y
mal. Tarde porque Llamazares a ocho
meses del referéndum todavía
deshojaba la margarita entre el Sí crítico
y la abstención positiva. El NO fue
una victoria de las bases frente a la
dirección llamazarista que no quería
‘enfadar’ al Gobierno y poner en
riesgo el ‘trato preferente’ que
le dispensaba. Finalmente, en el otoño,
Llamazares dio su bendición al NO,
pero lo hizo con la boca pequeña,
como se ha visto durante la campaña.
Y
mal porque, con honrosas excepciones,
la campaña de IU ha estado falta de
nervio y convencimiento. Mientras que
el CUT-BAI y sectores del PCE llevaban
meses de preparación política de sus
militantes, en conexión estrecha con
los movimientos sociales, la dirección
llamazarista no supo ver el potencial
de los foros y plataformas unitarias y
planificó a prisa y corriendo la típica
campaña electoral, eso sí con menor
apoyo financiero y escaso aparato.
Era
vergonzoso escuchar a la reportera de
TVE -que lo repitió varias veces-
explicando como los jerifaltes de IU
estaban sorprendidos por el digno
resultado del NO, ya que, esperaban
mucho menos. Con tanta dosis de
optimismo mejor que se hubieran
quedado en casita.
Lamentablemente,
no podemos dejar de pensar, en cuantos
puntos hubiera subido el NO sí IU se
hubiera decidido hace seis meses por
impulsar, dinamizar y articular la
raquítica -económicamente hablando-
campaña de los movimientos sociales y
plataformas por el NO; si hubiera
puesto a sus miles de cargos públicos
al frente de la campaña; si hubiera
empezado a informar y concienciar a
sus decenas de miles de adscritos y
adscritas con tiempo suficiente para
convertirlos en activistas del NO; en
definitiva, si se hubiera dejado la
piel en esta campaña en vez de haber
estado instalada de nuevo en la lucha
por el poder interno.
-
Razones para el NO
El próximo 20 de febrero se va a
votar en el Estado español la
Constitución Europea. Es el primer
referéndum que se celebra en Europa.
Por eso los
defensores de esta Constitución -el
Gobierno Zapatero, el PP y la derecha
nacionalista-
nos dicen que no podemos defraudar a
Europa y que debemos votar a favor.
En
la misma línea, los medios de
comunicación corporativos en vez de
ofrecer una información veraz y
objetiva insisten constantemente vía
tertulias y debates en que una hipotética
victoria del ‘no’ paralizaría
todo el proceso de integración
europea y que esto entraña el
riesgo de que Europa no pueda
unificarse políticamente en décadas.
También
las direcciones de sindicatos
mayoritarios (UGT y CC.OO.) después
de criticar el proyecto anterior y aún
admitiendo que el actual es incluso
peor nos plantean la necesidad de
votar ‘si’ bajo la excusa de
que es mejor tener una mala Constitución
que no tener ninguna.
Pero,
¿es verdad todo esto que nos dicen?.
¿Hay justificación para tanto
alarmismo?. ¿Qué sabemos de la
Constitución Europea? ¿Representa un
avance o un retroceso? ¿Cómo va
afectar a nuestras vidas?. En vez de
impulsar el ‘si’, ¿porque no se
dedican primero a informar?. Estas son
las preguntas que la gente se está
haciendo.
En
realidad, lo que hay detrás de todo
esto es una brutal campaña de
desinformación que busca eliminar
toda posibilidad de debate y
controversia y asegurar el éxito del
‘si’. La razón es evidente: no
quieren debate ni información porque un
minimo análisis de lo que es y
representa la Constitución Europea es
el mejor argumento para votar ‘no’
a una Constitución que
legaliza el neoliberalismo -precariedad,
privatización de servicios públicos,
acabar con las pensiones y subsidios,
deslocalización de empresas-,
institucionaliza el militarismo -OTAN,
asume la guerra preventiva de Bush,
impulsa una nueva carrera de
armamentos-, es antidemocrática -fue
elaborada por arriba, no reconoce
derechos a los pueblos sólo a los
estados, no hay forma humana de
cambiarla, las libertades están
subordinadas al mercado y a la
‘seguridad’- y discriminatoria -no
garantiza derechos básicos como el
trabajo, las pensiones, la salud o la
vivienda, no reconoce los derechos de
las personas inmigrantes ni garantiza
de forma efectiva la igualdad de
mujeres y hombres.
En
definitiva, esta Constitución supone
una nueva agresión contra la clase
trabajadora y la juventud en beneficio
de las grandes empresas. Pero,
además, no se trata de un ataque más.
Esta Constitución está hecha para
que al menos dure 50 años. Es decir,
quieren garantizar por un tiempo
prolongado, unas relaciones sociales,
económicas y políticas favorables a
los ricos. Pero esto se puede evitar,
somos más y depende de nosotros. Depende
también de ti.
11
razones contra este tratado.-
1)
Economía de mercado, la única
posible
La
Constitución Europea impone
el capitalismo como único sistema
al santificar «una economía
social de mercado altamente
competitiva» (Art. 3.3). Y
por si las moscas: «...respeto al
principio de una economía de mercado
abierta y de libre competencia».
(Art. 177). Con lo que de hecho
hace inconstitucional la lucha por una
Europa de los trabajadores y los
pueblos y legitima y ratifica la
barbarie neoliberal que condena a
millones de personas al paro o a
condiciones de trabajo y de vida
precarias, deslocaliza y cierra
empresas, recorta los gastos sociales
(pensiones, subsidios,...), facilita
la siniestrabilidad y consagra la
primacía absoluta de los dueños del
dinero y las grandes empresas frente a
las personas que viven de su salario.
2)
El Banco Central Europeo manda
La
Constitución declara competencia
exclusiva de la UE «la política
monetaria de los Estados miembros cuya
moneda es el euro» (Art. 13.1) y
encarga al Banco Central Europeo
dirigirla (Art. 30.1) bajo el objetivo
de «mantener la estabilidad de
precios» (Art. 30.2). Y para ello
el Banco Central es consagrado como una
institución independiente con
personalidad jurídica que será
respetada por el resto de
instituciones europeas y por los
estados. (Art. 30.3). También se
fija a nivel europeo el equilibrio
presupuestario y el déficit cero
que imposibilita el desarrollo
de políticas sociales y el pleno
empleo.
Hablando en plata, un grupo de
tecnócratas dirigirán desde
Frankfurt sin control democrático
alguno la emisión de euros y las
tasas de interés (el precio del
dinero). Este trasvase de soberanía
impide a los estados controlar un
instrumento clásico para paliar los
desequilibrios sociales y redistribuir
la renta como es la política
monetaria. Esto significa que los
gobiernos elegidos por la soberanía
popular no pueden, por ejemplo,
recurrir a la maquinita de fabricar
dinero para invertir en obras públicas
y paliar el paro.
3)
Privatización de las empresas y
servicios públicos
Bajo
el principio de «que la
competencia sea libre y no falseada» (Art.
3.2), los servicios públicos (salud,
educación, transportes,
comunicaciones, agua,...) y las
empresas públicas estarán sometidos
a las reglas del mercado. Así, no sólo
quedan prohibidas «las ayudas
otorgadas por los Estados miembros o
mediante fondos estatales» (Art.
167.1), sino que además los países
miembros de la UE, deben permitir el
acceso de los grandes capitales
privados a todos los sectores: «Los
estados miembros se esforzarán por
proceder a una liberalización de los
servicios» (Art. 148) y «quedan
prohibidas las restricciones a los
movimientos de capitales» (Art. 156).
Esto significa la
constitucionalización del Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS), acordado por la Organización
Mundial del Comercio (OMC). De este
modo se realiza una declaración de
condena a muerte de las empresas públicas.
Las multinacionales podrán hacer y
deshacer a su antojo, moviendo sus
capitales de acá para allá,
deslocalizando empresas, cerrándolas
después de haberse beneficiado de la
exención de impuestos. Se abre la
puerta a la mercantilización y
privatización forzada de los
servicios públicos. Hospitales, vás
férreas y carreteras,
Universidades,... serán puestos a
disposición de los capitalistas de
turno bajo la lógica del beneficio a
expensas de la calidad del servicio y
del interés social.
4)
Apuesta por el rearme, la guerra
preventiva y la OTAN
La
Constitución impulsa una política de
rearme militar y guerra pues obliga a
los estados a «mejorar
progresivamente sus capacidades
militares» (Art. 41.3) para lo
que se crea una Agencia Europea de
Defensa. Esto se debe a que la UE
quiere asegurarse el acceso a nuevos
mercados, a recursos energéticos y
materias primas y tener áreas de
influencia que respalden al euro en
los mercados internacionales y para
ello adopta una política de intervenciones
militares. Prueba de ello es la
presencia actual de tropas europeas en
Somalia, Kosovo, Mozambique, Congo,
Afganistán, Irak, Bosnia, Costa de
Marfil… También consagra la
doctrina Bush de guerra preventiva
cuando afirma que la UE «podrá
recurrir a medios civiles y militares»
en «misiones de prevención de
conflictos y de mantenimiento de la
paz (...) gestión de crisis o lucha
contra el terrorismo» (Art.
309.1). Estas decisiones son
exclusivas del Consejo de Ministros.
El Parlamento, única instancia
elegida, no participa para nada en
estas decisiones sobre el uso de la
fuerza militar. Además, «la política
de la Unión (...) respetará las
obligaciones derivadas del Tratado del
Atlántico Norte» (Art. 41.2) y «seguirá
ajustándose a los compromisos
adquiridos en el marco de la OTAN»
(Art. 41.7), es decir, seguirá
sometiéndose a las imposiciones de
los EEUU.
5)
Derechos sociales a la baja
A
diferencia de las normas que protegen
la competencia y la especulación, la
Carta de los Derechos Fundamentales
(Parte II) no es de aplicación
directa, de forma que prevalecen
las leyes nacionales de cada país
sobre las normas de dicha Carta. (Art.
111). Pero eso no es todo. Encima
iguala los derechos sociales a los
niveles de los países dónde estos
están más desprotegidos. Así,
hay derechos como el derecho a la
vivienda o el derecho a un salario
digno que ni se mencionan y otros
derechos que aparecen devaluados. No
es lo mismo decir que se garantiza el
derecho al trabajo a decir que «toda
persona tiene derecho a trabajar»
(Art. 75). Lo mismo ocurre con el
derecho a la salud (Art. 95). Mientras
los trabajadores y trabajadoras
necesitamos pleno empleo y estabilidad
laboral, el texto constitucional
anuncia más flexibilidad, apostando
por una mano de obra adaptable «a
unos mercados laborales capaces de
reaccionar rápidamente” (Art.
203) y renunciando al pleno empleo
(Art.205). Lejos de avanzar hacia la
“Europa social” que anuncian los
defensores del proyecto, vamos a
retroceder. Al no existir ninguna
“armonización” que garantice un mínimo
común de derechos laborales y
protección social por arriba, los
capitalistas se aprovecharán de las
desigualdades actuales para
enfrentarnos unos trabajadores con
otros y en nombre de la
“competitividad” imponer un retroceso
generalizado de los ya escasos
derechos laborales.
6)
Los pueblos de Europa sin derechos
El
proyecto de Constitución no permite a
los pueblos de Europa decidir
libremente su futuro porque no recoge
ni el derecho democrático a la
autodeterminación, ni el derecho
a la unidad territorial de las
naciones sin estado, puesto que ni
siquiera las reconoce, y perpetúa las
fronteras estatales vigentes,
impidiendo así el surgimiento de
nuevos estados. Sólo nos podremos
dirigir a las cinco instituciones
europeas en las 20 lenguas estatales,
es decir que el catalá, el
euskera, el galego,... no serán
reconocidos en la UE ni los
ciudadanos podrán dirigirse a las
institituciones europeas en estas
lenguas. Tampoco dedica ningún
esfuerzo a proteger los derechos jurídicos,
culturales y lingüísticos de las
naciones sin estado.
7)
Una ‘Europa fortaleza’ que
discrimina a los inmigrantes
Los
20 millones de trabajadores y
trabajadoras inmigrantes que
contribuyen a nuestra prosperidad son
objeto de un tratamiento
discriminatorio y policial: independientemente
de que tengan papeles o del
tiempo que lleven residiendo aquí se
les priva de la ciudadanía europea
y por tanto de los derechos y
libertades que ella conlleva. Al mismo
tiempo, se fortifican y cierran las
fronteras y se les niega la «libertad
de circulación».
8)
Se olvida de las mujeres
No
garantiza de forma efectiva la
igualdad de mujeres y hombres, ni
establece mecanismos reales contra la
discriminación de género, ni incluye
el derecho al aborto. Consagra
formalmente la igualdad entre hombres
y mujeres, pero son las legislaciones
nacionales las que deben articular
estos derechos, es decir, que cada país
sigue con la legislación que tiene
ahora. No se reconoce la violencia
de género como una violación
concreta de los derechos humanos ni se
considera una forma de persecución
digna de la protección del derecho de
asilo. Tampoco se menciona los derechos
sexuales y reproductivos de las
personas, tema éste crucial sobre
todo para las mujeres, ni mucho menos
se reconoce la libertad de opciones
sexuales o de formar uniones de
personas del mismo sexo.
9)
No protege el Medio Ambiente
Aunque
la Constitución habla de desarrollo
sostenible, las políticas económicas
de la UE tienen graves impactos sobre
el medio ambiente al incrementar el
consumo de energía y la emisión
de sustancias contaminantes. Prueba
de ello es que la UE es responsable de
alrededor del 24% de las emisiones de
gases de efecto invernadero y la
propia Agencia Europea del Medio
Ambiente reconoce que la Unión no
logrará cumplir los compromisos
adquiridos en Kioto. Mediante una política
agrícola favorable a las
multinacionales agroalimentarias y
contraria a la población rural, la
Unión desarticula el territorio,
pues empuja a la población hacia los
espacios altamente urbanizados, haciéndolos
crecer aún más y aumentando su
impacto en el medio natural. Se
apuesta por un modelo que abusa de los
fertilizantes químicos y los
pesticidas. En breve, se va a levantar
la moratoria sobre el cultivo de trasgénicos.
Así no hay sitio para la agricultura
tradicional, familiar, ni ecológica.
Y dentro de esta lógica el agua dulce
se convierte en una mercancía que se
sobreexplota hasta agotarla o
salinizarla. Por último, al no
apostar por el reciclaje, se aumentan
cada año de forma incontrolada los residuos
urbanos, industriales y de la
construcción, a los que se unen los
de equipos eléctricos y electrónicos.
Al tener como principio la
competitividad desaforada, la apuesta
por el desarrollo sostenible de la
Constitución es sólo un brindis al
sol.
10)
Una Europa más autoritaria y
represiva
Una
Europa que en virtud del mercado libre
va atacar salvajamente los derechos de
la gente tiene necesariamente que prevenir
los disturbios sociales que esa
política va a provocar. Así se
consagran la policía interna Europol
y la fiscalía Eurojust que refuerzan
el control policial y la represión
y se incluye la llamada “Clausula de
solidaridad» que autoriza la
movilización de «medios militares»
si un Estado miembro «es objeto de
un ataque terrorista o víctima de una
catástrofe natural o de origen humano»
(Art.43). Pero queda sin definir el término
terrorismo. ¿Qué es terrorismo para
los gobiernos europeos? Según las
nuevas definiciones tras el 11-S,
incluso ocupar pacíficamente un autobús
puede ser considerado terrorismo. Y,
¿qué es una catástrofe de origen
humano? ¿Acaso una huelga general?
Esta Constitución nos retrotrae a la
vieja política de los Cien Mil
Hijos de San Luis. Así esta política
de represión preventiva contenida
en el ámbito de la seguridad,
extiende la desconfianza y el temor a
las poblaciones anulando en la práctica
el derecho a la privacidad, de asilo y
refugio.
11)
Una Constitución antidemocrática
Toda
Constitución parte de una Asamblea
Constituyente elegida a tal efecto que
la elabora y finalmente el proyecto es
refrendado por el pueblo. La actual
Constitución fue elaborada a
espaldas de la gente y ni siquiera
va a ser refrendada en todos los países.
El mismo referéndum del 20 de febrero
en el Estado español no deja de ser
un fraude en el que el Gobierno y los
partidarios del ‘SI’ se han
asegurado previamente el monopolio de
los medios de comunicación. La
legitimidad de esta Constitución está
en entredicho no sólo por el procedimiento
antidemocrático que se ha seguido
sino porque en realidad no se trata de
una Constitución real, sino de un
Tratado entre estados que
constitucionalizan anteriores acuerdos
como el de Maastricht. Además, este
proyecto está destinado a regir la
vida de Europa durante los próximos
50 años dado que es prácticamente
imposible cambiarla al exigirse la
unanimidad de todos los países que la
han aprobado.
En
suma, esta Constitución deja muy
claro que la prioridad de este tratado
es la de crear
una zona de libre mercado para el
desarrollo del capitalismo en interés
de las multinacionales europeas,
y que las cuestiones sociales y ecológicas
son siempre relegadas a un segundo
plano. Esto queda en evidencia cuando las
medidas de protección de la libre
competencia son de obligado
cumplimiento, mientras que los
escasos derechos sociales son
optativos y los países deciden si
aplicarlos o no. Se trata, pues, de
una Constitución contra los
trabajadores y los pueblos.
